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Hace justo un año, en la apertura del curso judicial, el presidente del TSJ valenciano, Miguel Baeza, se estrenaba en el cargo lanzando dos reivindicaciones en su discurso que fueron después muy comentados. Primero, la exigencia de más personal para la administración de justicia en la Comunitat. Llegó a decir que la justicia es "la hermana pobre" de los servicios públicos. Una exigencia que ha seguido manteniendo estos meses a pesar de que el Gobierno anunció en enero la creación de 58 nuevas plazas judiciales. La segunda petición que destacó de su discuto fue la de evitar las "críticas desmedidas o descontextualizadas" que puedan erosionar la confianza ciudadana en la Justicia. Y aunque no la mencionó expresamente todo el mundo entendió que defendía la independencia de la jueza instructora de Catarroja, víctima de una campaña de acoso que el consejo del poder judicial ha decidido no secundar archivando una quejas por una presuntas interferencias del marido de la magistrada que nadie, nadie, ha conseguido demostrar.